Si en un anterior post anunciábamos que en febrero de 2013 la Casa
Blanca había publicado una directiva obligando a las grandes agencias federales
a publicar en Open Access toda la
investigación realizada con fondos públicos dentro del mismo año, en este
momento dicha regulación se enfrenta a
un posible retroceso.
Actualmente se está trabajando en un proyecto de ley FIRST (Frontiers in Innovation, Research, Science, and Technology) que amenaza con invertir los progresos logrados en los últimos meses. Según el mismo, los editores establecerían 24 meses de embargo a las publicaciones de todas las agencias federales, durante los cuales los resultados de investigación se mantendrían de pago. Este periodo se podría ampliar otro año, si ambas partes estuviesen de acuerdo.
Actualmente se está trabajando en un proyecto de ley FIRST (Frontiers in Innovation, Research, Science, and Technology) que amenaza con invertir los progresos logrados en los últimos meses. Según el mismo, los editores establecerían 24 meses de embargo a las publicaciones de todas las agencias federales, durante los cuales los resultados de investigación se mantendrían de pago. Este periodo se podría ampliar otro año, si ambas partes estuviesen de acuerdo.
En respuesta, once organizaciones,
entre ellas la American Library Association,
han suscrito un documento oponiéndose a este proyecto de ley recordando
que el gobierno financia la investigación con las expectativas, entre
otras, de “ acelerar los descubrimientos
científicos y la innovación, promover el espíritu emprendedor, estimular la
economía y mejorar la vida de los americanos”. Además, la directiva de la Casa
Blanca recibió el apoyo de más de 65.000 personas y de los National
Institutes of Health’s, que disponen de un archivo accesible al
público “PubMed Central” desde 2008, el cual recibe más de un millón de visitas
diarias y ha permitido, con la
liberación de la información, conseguir diagnósticos y tratamientos mucho más
rápidos.
Los
defensores del proyecto de ley contraatacan
con el argumento de que se puede reducir el embargo si se proporcionan datos
creíbles, mostrando que, el retraso que se produce en pasar las investigaciones
a acceso abierto, dañan o reducen ventajas al público.
La polémica está
servida, esperaremos el resultado de esta pugna.
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Esta es la opinión de los internautas, no de la Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales de la Universidad de Oviedo.
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